ACTA DE DECLARACION DE LA MESA DE TIERRAS
Los que suscribimos la presente, miembros de organizaciones de
los pueblos originarios y de familias campesinas del Chaco Salteño;
también Instituciones de apoyo y acompañantes a saber:
1. Organización Zonal Wichí
2. Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Pilcomayo
3. Comunidad Iguopeigenda (Río blanco Banda Sur- Orán)
4. Federación Aba Guaraní
5. Consejo de Organizaciones Wichí Zona Bermejo (Embarcación)
6. Organización Zonal Wichí T chot Lhamejenpe (Los Blancos - Morillo)
7. Organización de Familias Criollas (OFC - Pilcomayo)
8. Comunidad Indígena Kolla - Guaraní Río Blanco - Banda Norte
9. CONAMIRA, mujeres indígenas (guaraní - Pichanal)
10. Consejo del Pueblo Indígena (Guaraní - Pichanal)
11. Asociación pequeños Productores del Chaco Salteño
(Dragones-Hickman-Embarcación-Pluma de Pato-Morillo-Los Blancos)
12. Comisión Zonal Criolla Los Blancos
13. Comunidades Wichí de la cuenca del Río Itiyuro
14. Obispado de la Nueva Orán
15. Asociana
16. Fundapaz
17. Tepeyac
18. Federación Agraria Argentina
En el marco del 4 Encuentro de Comunidades Indígenas y Criollas
con conflictos de tierras rurales, fiscales y privadas, convocadas por
el Obispo de Orán, 30 de Agosto del año dos mil ocho, DECIDIMOS
conformar UNA MESA DE TIERRA.
En cuyo ámbito de diálogo y participación, redactamos la presente
acta donde RESOLVIMOS dirigirnos al Poder Ejecutivo Nacional,
al Gobernador de la Provincia de Salta, a los integrantes del Poder
Legislativo de Salta y al pueblo en general para MANIFESTAR lo
siguiente:
RECLAMAMOS que el estado en su conjunto, asuma el rol que le
compete, a fin de hacer posible la materialización de nuestro derecho
sobre la tierra en áreas fiscales y privadas, el que existe y tenemos en
virtud de la legislación nacional, provincial e internacional que se
encuentra plenamente vigente y rige los destinos de los hombres de
bien de ésta tierra.
Que a fin de que tal derecho deje de ser una mera
declamación, con la que se hace bandera en época
electoral, EXIGIMOS que EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE SALTA culmine con los procesos
iniciados, en algunos casos desde hace mas de quince
años, en os cuales unificamos nuestros intereses en
una causa común, a pesar de la diversidad de caracteres
de nuestras organizaciones.
Hemos efectuado con el ánimo de aportar y construir
una solución justa innumerables aportes a los procesos
iniciados, presentando informes técnicos, sociales,
estadísticos, acuerdos con pobladores locales, mapas y
todo cuanto nos fue requerido en las instancias para
avanzar en estos procesos.
CREEMOS QUE NO EXISTIENDO OBSTACULO QUE
IMPIDA EL OTORGAMIENTO DE LAS ESCRITURAS
TRASLATIVAS DE DOMINIO, SALVO LA FALTA DE
DECISION POLITICA Y DE GESTION EFECTIVA Y
CONCRETA PARA AVANZAR ES QUE PEDIMOS SE
INSTRUMENTEN LOS MEDIOS Y RECURSOS A FIN
DE GARANTIZAR ESTE DERECHO A MILES DE
FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE SALTA QUE
HABITAN TIERRAS FISCALES Y TIERRAS PRIVADAS
con derecho posesorio o amparados en la legislación
nacional e internacional que rige sobre los territorios
de los pueblos originarios.
EXIGIMOS que en el ejercicio del Poder de CONTRALOR
indelegable que le compete al Estado, sin el cual no existe
política ambiental posible, se articulen de manera urgente
los mecanismos pertinentes y necesarios para lograr la
inmediata SUSPENSION DE LOS DESMONTES AUTORIZADOS
Y EN EJECUCION, que han devastado de modo irreversible,
el ecosistema del cual, TODOS, no solo los firmantes SOMOS
PARTE.
SOLICITAMOS se implementen mecanismos y dispositivos de
control efectivos que DETENGAN la tala ilegal e indiscriminada
con la cual cotidianamente nos enfrentamos en nuestros
territorios, que tantas veces denunciamos y, de la cual solo
obtienen réditos unos pocos, en detrimento del bienestar común.
REQUERIMOS que se respete nuestro derecho a participar bajo
mecanismos reales de participación y no bajo meros formalismos
administrativos como ha ocurrido hasta ahora, en las decisiones
que involucren al destino de nuestros recursos naturales, y en ese
ámbito DEMANDAMOS QUE NO SE OTORGUEN AUTORIZACIONES
PARA NUEVOS DESMONTES sin que sea debidamente evaluado el
IMPACTO no solo ambiental sino también SOCIAL que ello conlleva,
INSTAMOS, a que se nos GARANTICE una efectiva participación a la
hora de resolver sobre estos INTERESES, como lo establece en uno de
sus artículos el Convenio N 169 de la OIT, entre otros el Art. 15 punto 1
"Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos
derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la
utilización, administración y conservación de dichos recursos"
Por último, nos ponemos a disposicion del Gobernador de la
Provincia y de aquel funcionario que él designe para trabajar
en conjunto, en búsqueda de una solución justa a todos estos
planteos y nos comprometemos a aportar toda la información
y conocimiento que hemos construido en tantos años de trabajo
y lucha en nuestras tierras y territorio que habitamos.
Orán, 28 de noviembre de 2008
1.600.000 HECTÁREAS EN RIESGO Salta aprobó el reordenamiento territorial y seria legal el desmonte
La Cámara de Diputados de Salta dio sanción definitiva a la Ley de Ordenamiento Territorial, a pesar de las críticas de comunidades indígenas y pequeños productores criollos.
El cuerpo aprobó la nueva norma por mayoría, con las modificaciones introducidas por el Senado provincial al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.
Según la opinión de entidades ambientalistas, el proyecto apunta a extender la frontera agrícola y "podría poner en peligro la biodiversidad y afectar la supervivencia de las comunidades aborígenes y criollas".
Autoridades gubernamentales del área podrían pedir el veto de la ley. Los diputados Carlos Morello, de Libres del Sur, y Pablo López y Patricia Pobrete, del Partido Obrero, votaron en contra. Las principales objeciones fueron contra aquellos artículos que habilitarían permisos de nuevos desmontes.
El diputado Morello calificó de "inconstitucional" el artículo 28 de la nueva ley que establece que podrían ser aprobados aquellos pedidos de desmontes que se presentaron antes de la sanción de la ley nacional de presupuestos mínimos.
Morello aseguró que "es bastante audaz este artículo" porque, según explicó, iría en contra del artículo 3 del Código Civil, que dispone que, "a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes".
El legislador de Libres del Sur cuestionó también el artículo 30 que prorroga por tres años los permisos de desmontes y sostuvo que "estamos hablando de permisos sin entidad legal" y coincidió con entidades ambientalistas como Greenpeace, que criticaron otros artículos de la ley en los cuales se modificó el porcentaje de las pendientes en las cuales se prohíbe desmontar: el proyecto original establecía un 5 por ciento, en tanto que el proyecto aprobado anoche fija un 15 por ciento.
En esos mismos puntos, se corre el margen de monte sobre las riberas de los ríos, lo que podría provocar "un desastre ambiental", manifestó el legislador opositor. Para Morello, "estos artículos fueron tratados con una dejadez absoluta".
Por su parte, el diputado Pablo López, dijo que "este es un proyecto elaborado por la patria sojera, que tiene el visto bueno del gobernador (Juan Manuel) Urtubey".
En tanto, los diputados oficialistas Manuel Chauque, Antonio Lucena y Cristina Lobo, también criticaron estos artículos, pero terminaron votando a favor, tanto en general como en particular. El proyecto había sido consensuado por una Comisión Bicameral que introdujo las modificaciones al proyecto original. En la discusión previa causó sorpresa que el gobierno no enviara el mapa con las zonas establecidas como reservas.
Con esta ley se habilitarían aproximadamente 1.600.000 hectáreas para ser desmontadas. Pero el senador justicialista Alfredo Olmedo, quien además es uno de los más importantes productores de soja de la provincia, había presentado un proyecto en el que incluía la habilitación de cinco millones de hectáreas para desmontar.
Desde el Gobierno provincial se afirmó que el mapa se elaborará en base a los términos fijados por la nueva ley.
Por otra parte y con el patrocinio de la ex ombudsman porteña Alicia Oliveira y el abogado Gustavo Ferreira, una docena de aborígenes de la comunidad Wichi pidió hoy a la Corte Suprema que ordene el cese de "los desmontes y la tala indiscriminada de bosques nativos" en la provincia de Salta. También solicitaron que se declare la "nulidad" de todas las autorizaciones otorgadas por el Gobierno provincial a las empresas para ejercer dicha actividad en cinco departamentos de Salta.
Mediante una medida cautelar hecha ante el Alto Tribunal solicitaron que se declaren inconstitucionales y absolutamente nulas todas las autorizaciones concedidas a empresas antes de la sanción de la Ley de Bosques Nativos, y que se les prohíba dar lugar a nuevos pedidos de tala.
Basándose en el hecho de que los bosques nativos han sido desde siempre los proveedores del sustento de estas comunidades, advierten sobre el proceso de desaparición de estas zonas, en especial en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, los cuales ocupan un tercio de la superficie de la provincia de Salta.
Además solicitaron que los responsables recompongan y restablezcan el ambiente al estado anterior al daño que denuncian y, en caso de no resultar técnicamente factible –por el daño irreversible que el desmonte provoca- se fije una indemnización acorde. También incluyeron un pedido para que el Gobierno salteño aporte un listado de todas aquellas personas o empresas que solicitaron permisos de tala y se les fue concedido.
Entre el año 2004 y 2007 hubo unos 211 pedidos de autorización para desmontes, de los cuales 195 fueron aprobados por el Gobierno provincial, explicaron en el escrito.
(Fuente Diario Critica Digital 17 de diciembre de 2008)
Los wichis fueron a la Corte para frenar los desmontes en el Chaco salteño
Una docena de caciques de la comunidad wichi presentaron este mediodía una demanda judicial ante la Corte Suprema para intentar frenar los desmontes en cuatro departamentos de Salta, que representan más de un tercio de la superficie provincial (155 mil kilómetros). Pasado el mediodía, sus abogados presentaron un amparo y una medida cautelar en el Palacio de Tribunales, tal como había adelantado Clarín.com.
En la demanda, afirman que los desmontes son "inconstitucionales" y que van a causar un "gravísimo daño" a las comunidades indígenas de la región. Por eso, reclaman la nulidad de las autorizaciones que otorgó el Gobierno provincial y responsabilizan al Estado nacional por la situación actual.
"Además de la nulidad de las autorizaciones, buscamos que se recomponga y se restablezca el ambiente al estado anterior o que se indemnice a las personas afectadas en caso de que aquello sea imposible", le dijo a Clarín.com el abogado Raúl Gustavo Ferreyra, quien representa a los indígenas junto a Alicia Oliveira.
La presentación, que cuenta con el apoyo del obispo de Orán, Jorge Rubén Lugones, denuncia que durante el último trimestre del año pasado, previo a la sanción de la ley de Bosques Nativos (en noviembre de 2007), hubo "un abrupto incremento de las audiencias públicas (son obligatorias para más de 300 hectáreas)". Además, destaca que entre 2004 y 2007 hubo 211 pedidos de autorización para desmontes -que apuntan a la expansión de la frontera agropecuaria- de los cuales 195 fueron aprobados.
Por ese motivo, la medida cautelar intenta frenar los desmontes masivos tanto en tierras privadas como fiscales de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria que ya fueron aprobados pero que aún no se llevaron a cabo. "El paso del tiempo puede provocar que un fallo llegue tarde y resulte prácticamente inoperable, por agotamiento o grave degradación del bosque nativo", explica la demanda, de 50 carillas.
No es el primer juicio por la tala de árboles en el Chaco salteño. De hecho, hay varias causas que ya llegaron a la Corte luego de transitar distintas instancias judiciales locales. La demanda que llega hoy al máximo tribunal, no obstante, es la primera que busca ingresar por la instancia originaria de la Corte (de manera directa). Si eso ocurre, podría haber una audiencia pública para discutir el problema, según adelantaron los abogados.
(Fuente Diario Clarín digital miércoles 17 de diciembre 2008) Por: Nicolás Pizzi
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